La Agenda de Acción de Addis Abeba y el Caribe

El tema de la financiación global para el desarrollo es un tema clave en la agenda internacional en materia de desarrollo, en la cual figura la más reciente reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en el mes de julio en Addis Abeba, capital de Etiopía. El encuentro, que precede la convocatoria de la Cumbre de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, cuya celebración está prevista para el próximo septiembre en New York, así como la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, en diciembre, en París, insistió ampliamente en las necesidades diferenciadas que enfrentan las naciones por individual en sus respectivas agendas para el desarrollo, y categorías más específicas de países, como los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS). La Agenda de Acción parte de los resultados de las dos Conferencias anteriores sobre Financiación para el Desarrollo, efectuadas en Monterrey, México, y en Doha, Qatar. A diferencia del Consenso de Monterrey del 2002 y la Declaración de Doha del 2008, emanadas ambas de las Conferencias sobre Financiación para el Desarrollo antes citadas, las cuales prestaron una atención particular al comercio internacional y la crisis económica mundial, esta Agenda de Acción enfatizó en la importancia de lograr financiamiento en función de la capacidad de recuperación medioambiental de las sociedades de todo el orbe, mediante el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) después del 2015.

La reunión resaltó además el monto inadecuado de financiamiento a escala global que se asigna a la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), tema particularmente pertinente para la región. Se ha aceptado, con amplitud, que las asignaciones de los países desarrollados en función de la financiación para el desarrollo han sido limitadas, a escala global, durante las últimas dos décadas y media. Esta inestabilidad se ve reflejada en los reiterados llamados lanzados a través del Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha, declaraciones ambas en las que se convocó a los países desarrollados a destinar el 0.7 porciento del Producto Interno Bruto como Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) para los países en vías de desarrollo – meta fijada en 1970 que, hasta la fecha, solo han alcanzado unas pocas naciones. Históricamente, los fondos de la AOD dedicados a la reducción del riesgo de desastres constituyen una porción minúscula de la ayuda general para el desarrollo. El Informe del 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI), muestra además que de los $3.03 billones invertidos en la asistencia para el desarrollo entre 1991 y el 2010, solo un poco menos del 13 porciento se asignó a temáticas relativas a los desastres, de cuya cifra, solamente $13.6 mil millones fueron destinados en específico para la RRD, lo cual representa aproximadamente el 0.4 porciento del total de la asistencia para el desarrollo durante ese periodo. En una mirada más específica en la región, la Facilidad Global para la Reducción y la Recuperación de Desastres (GFDRR), junto con el ODI, han indicado que durante este mismo lapso de tiempo, solo el 4 porciento del financiamiento total global en la RRD fue asignado a los países de las Indias Occidentales, es decir, $31.4 millones en total o $1.57 millones al año, mientras que el volumen mayor de financiamiento, el 23.3 porciento, fue destinado a China e Indonesia únicamente. Pese al pequeño monto de fondos asignados a las islas, Colombia y México, países continentales considerados como de ingresos medios-altos en la región del Gran Caribe, figuran entre los diez principales receptores de financiación para la RRD en el periodo 1991-2010, al haber recibido en conjunto más de mil millones. Tomando en cuenta este contexto de financiamiento desproporcionado en la arena internacional, la Agenda de Addis Abeba, al tiempo que reitera la importancia de cumplir con los compromisos de la AOD, fija como meta movilizar con miras al 2020, $100 mil millones al año para cubrir las necesidades de los países en vías de desarrollo, recalcando la importancia de contar con diversas fuentes de financiamiento.

Siendo el tema del cambio climático uno de los más acuciantes dentro de la actual agenda de la comunidad internacional para el desarrollo, las finanzas para la adaptación al cambio climático presentan una fuente creciente de fondos para la RRD. La Iniciativa de Política Climática (CPI) revela que en el 2013, el 91 porciento del total de $331 mil millones USD de flujos en el terreno de las temáticas climáticas globales, fue asignado a los esfuerzos de mitigación. Una buena porción de las finanzas movilizadas, sin embargo, representa los recursos del sector privado a tasas comerciales, a diferencia de la AOD, y la mayoría de la financiación para las cuestiones climáticas se origina y se está invirtiendo en el mismo país. En este sentido, la Agenda de Acción de Addis Abeba incorporó la meta del Fondo Verde para el Clima de la CMNUCC de lograr un “equilibrio 50:50 entre mitigación y adaptación”, asignando al menos la mitad de su financiamiento para la adaptación a los países altamente vulnerables, incluyendo los SIDS. La Agenda integra, además, el enfoque aceptado por el recién adoptado Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, para fortalecer la resiliencia ante los desastres de las inversiones públicas y privadas. Resaltó varias herramientas de financiación, como la combinación de asociaciones financieras y público-privadas, así como otras fuentes importantes de financiamiento para la RRD, a través del desarrollo de una infraestructura resistente. En este contexto, el PNUD estima que se invertirán $6 billones USD en proyectos infraestructurales futuros hasta el 2030, enfatizando en la importancia de incorporar la RRD en las inversiones territoriales, de vivienda y planificación a escala nacional y local.

Otro tema clave planteado en Addis Abeba fue qué es lo que constituye un equilibrio adecuado entre préstamos en condiciones favorables, ayuda exterior e impuestos. Pese al renovado compromiso de los países desarrollados de destinar el 0.7 porciento del producto interno bruto a la asistencia oficial para el desarrollo, un aspecto significativo de la Agenda fue el tópico de la movilización interna de recursos. Los ingresos públicos representan menos del 15 porciento del PIB en muchos países pobres, comparado con un promedio de un 34 porciento en los países ricos, lo que pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los países más pobres para acopiar finanzas. Los países concordaron en una serie de medidas dirigidas a ampliar la base de ingresos internos, mejorar la recaudación de impuestos y enfrentar la evasión fiscal y los flujos monetarios ilícitos. Contra toda lógica, ello sugiere que los países en vías de desarrollo necesitarán mayores, y no menores, estructuras de gobierno, una vez que tienen que cargar con el peso de avanzar por sí mismos, considerando que menos de un uno porciento de la ayuda es destinada a los sistemas fiscales. Ante esta realidad, el Gran Caribe se ve en una posición peculiar, ya que, como promedio, la recaudación fiscal representa aproximadamente el 25 porciento del PIB e ignora una economía informal de envergadura.

La Agenda de Acción de Addis Abeba, en gran medida, es una agenda ambiciosa para la comunidad internacional para el desarrollo, que se centra en la promoción del desarrollo sostenible, pero insiste en resaltar la laguna financiera en el área global de la Reducción del Riesgo de Desastres. La Agenda clama además por un examen más profundo del tema de la financiación de la RRD en el Gran Caribe, dado que los Informes de Progreso sobre el Marco de Acción de Hyogo (HFA) concluyen que los países del Caribe en reglas generales han destinado muy poco financiamiento a las áreas de reducción y prevención del riesgo. La Agenda, en lo fundamental, resalta que la Reducción del Riesgo de Desastres debe ser considerada como una inversión a largo plazo, que está enlazada a la prevención y el desarrollo de la capacidad de resistencia. Es un tema que el Caribe debe tomar en cuenta, considerando nuestras vulnerabilidades inherentes, sin perder de vista la necesidad de integrar la reducción del riesgo a las políticas, tanto financieras como en materia de desarrollo, ya que el cambio climático y la rápida urbanización contribuyen a aumentar la cantidad de personas y activos que están en peligro frente a las amenazas.